CRITERIOS |
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Dictamen C-230-2006 de 05 de junio de 2006. Este dictamen se circunscribe a la autonomía de las universidades estatales, especialmente de la Universidad de Costa Rica.
Dictamen C-420-2006 de 20 de octubre de 2006. El dictamen profundiza el tema de la autonomía universitaria a la luz de la Ley del Sistema Nacional de Archivos.
Dictamen C-405-2008 de 11 de noviembre de 2008. El dictamen se refiere a la aplicación de la Ley 7202 en el Poder Judicial, debido a la promulgación del artículo 47 bis de la Ley orgánica del Poder Judicial.
Dictamen C-225-2015 de 26 de agosto de 2015. Se estudia el tema de la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Archivos en las instituciones autónomas, específicamente el Banco Crédito Agrícola.
Dictamen C-328-2015 de 02 de diciembre de 2015. El dictamen indica que el órgano competente para conocer en alzada de los actos que emanen de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos es la Junta Administrativa del Archivo Nacional.
Dictamen C-157-2016 de 18 de julio de 2016. Trata sobre la aplicación de la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos a las demás instituciones autónomas, universidades, bancos estatales y las municipalidades. Asimismo, se solicita aclarar si a las instituciones autónomas y a las municipalidades les es aplicable lo dispuesto en los dictámenes C-230-2006, C-420-2006 y C-225-2015.
Dictamen C-160-2016 de 01 de agosto de 2016. El dictamen en cuestión es una consulta planteada por la señora Karla Rojas Pérez, directora ejecutiva a.i. de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en la cual consulta sobre la potestad de la Junta Administrativa del Archivo Nacional de emitir directrices como la “Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas Municipales” y si esta violenta la autonomía municipal.
Dictamen C-183-2016 de 01 de setiembre de 2016. El dictamen contesta una consulta planteada por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, sobre su competencia legal para emitir directrices de carácter obligatorio como órgano rector del SNA a las instituciones que conforman este sistema. El criterio abarca los Podres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instituciones públicas descentralizadas, municipalidades, empresas del Estado y los demás entes públicos.
